La Corte Constitucional estudia una demanda que pide que los particulares que contribuyan, directa o indirectamente, con daños al patrimonio y a los bienes públicos, no puedan ser sancionados fiscalmente por la Contraloría. 

Esa posibilidad de sancionar fiscalmente a los particulares se introdujo este año en la Ley 2195 de 2022, que fortalece la lucha anticorrupción.

La demanda cuestiona que la ley permita que se sancione con multas millonarias a los ciudadanos que generen daños en bienes públicos como lo son vehículos del servicio público, edificios del estado, peajes, estaciones de policía, entre otros. 

La Procuraduría le pidió a la Corte que confirme la posibilidad de sancionar a los particulares solo cuando exista «un vínculo de conexidad próxima y necesaria respecto al ejercicio de la gestión fiscal».