Dos | Y crece la controversia sobre la reforma a la Procuraduría: el Gobierno la defiende, instituciones la condenan
La reforma a la Procuraduría, asumiendo funciones de juez y creando decenas de empleos, sigue originando controversia, mientras la Corte Constitucional la revisa.
Como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la reforma a la Procuraduría no cumple con lo que ese tribunal ordenó en la sentencia que condenó al Estado colombiano por el caso de la inhabilidad del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
En la reforma, presentada por la procuradora, Margarita Cabello, y aprobada por el Congreso, se otorgó facultades de juez a la Procuraduría para, supuestamente, cumplir con el fallo del caso Petro. Ese fallo advierte que autoridades administrativas como la Procuraduría no pueden inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues esa restricción de los derechos políticos solo les compete a los jueces.
La reforma acaba de recibir un espaldarazo del Gobierno, pues la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia dijeron lo siguiente en un documento enviado a la Corte Constitucional: «La atribución de facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación en el marco de su función disciplinaria tiene una finalidad constitucionalmente válida y legítima».
Contrario a la férrea defensa del Gobierno, las universidades Externado de Colombia, Los Andes, la Universidad Libre y la Del Rosario le pidieron a la Corte que tumbe la controvertida reforma de la procuradora Cabello.