Un articulito mantiene en el limbo el proyecto anticorrupción. En la plenaria de la Cámara de hoy tampoco pudo ser debatido en su último debate el proyecto anticorrupción. Entre otras cosas, la iniciativa busca que todos los servidores públicos den a conocer sus declaraciones de bienes y rentas, el registro de los conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre su renta y complementarios. La iniciativa no avanza porque el expresidente de la Cámara, Alejandro Chacón, radicó una proposición para eliminar la obligación de los congresistas a reportar las actividades privadas que realizan ellos y sus parejas, como lo plantea uno de los artículos de la iniciativa.

El proyecto propone, a propósito, que haya un «Libro de registro de intereses» en el que se consignen diferentes actividades «privadas» de los congresistas y sus parientes. En este registro también debe estar señalada la vinculación de familiares cercanos a los congresistas y a sus parejas, en cargos o empleos públicos y privados, y su permanencia o participación en juntas directivas u otras instancias del mismo carácter en el país.

El asunto es que Chacón propone eliminar este artículo: argumentó en la proposición que «esta obligación es parte del congresista» y que la norma ya existe en la ley quinta o reglamento del Congreso. El asunto es que todo esto enredó la aprobación de la ley anticorrupción. Las alarmas están prendidas.

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