La Ley de Financiamiento o reforma tributaria se alista para enfrentar un verdadero viacrucis en la Corte Constitucional, donde se tramitan no una, ni dos, sino diez demandas en contra de la norma.

Dos de esas demandas, una, promovida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la otra, por el senador Jorge Enrique Robledo, piden que se declare inconstitucional y se tumbe toda la ley. Dicen los demandantes que el trámite de la norma fue irregular, que el texto aprobado por la plenaria de la Cámara no fue discutido y aprobado por la plenaria del Senado, lo cual es abiertamente ilegal, ya que la ley obliga a que las dos Cámaras discutan y aprueben el mismo texto.

Las otras ocho demandas piden, entre otras cosas, que se tumben los aranceles a los textiles, que se elimine la exención tributaria para el alcohol carburante y que se anule la regulación que establece el nuevo sistema de carrera administrativa de la DIAN.

Como están las cosas, difícilmente la Ley de Financiamiento o reforma tributaria se conservará tal y como fue concebida. Incluso en algunos círculos ya se habla de que el Gobierno tiene que pensar en un plan B por si se cae la norma, es decir, que comience a trabajar en una nueva reforma tributaria.