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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene los ojos puestos sobre las actuaciones de dos jueces en el Valle del Cauca.
El primero, es el juez tercero de control de garantías de Palmira, Édgar Caicedo, quien ordenó la libertad de 19 personas capturadas por promover bloqueos en el sector de la Ye, en Palmira.
En una carta, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro, pide a su seccional en el Valle que investigue las actuaciones del juez y adjunta una queja interpuesta por la Corporación Excelencia en la Justicia, en la que advierte que en este caso no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por la Policía contra los 19 capturados. Además, que tampoco se aplicó el artículo 353 del Código Penal, que dice que quien por medios ilícitos incite, o dirija, o proporcione los medios para obstaculizar las vías incurrirá en prisión de 24 a 48 meses más una multa.
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Y es que, según la queja, el juez tercero de control de garantías de Palmira señaló que el bloqueo no había perjudicado la movilidad ni había generado desabastecimiento de víveres e insumos médicos, y también afirmó que no hubo flagrancia porque los capturados estaban durmiendo al momento de su detención. Eso que «estaban durmiendo» lo dijo por suposición, según parece.
El segundo caso, es el del juez 29 penal de garantías de Cali, Saulo Enrique Soto, quien les otorgó la detención domiciliaria a dos de los cuatro investigados por el asesinato de un patrullero de la Policía en Cali.
En estos, como en otros casos relacionados con las protestas, se espera celeridad y que no exista impunidad.