Ocurrió hoy un hecho que demuestra que el Estado sí puede ganar pleitos en los estrados judiciales y sobre todo, ahorrarse miles y miles de millones de pesos cuando se defiende bien.

Diez mil habitantes de Santa Lucía, Repelón, Manatí, Candelaria y Sabanalarga, en Atlántico, demandaron a la nación en una acción de grupo interpuesta por las inundaciones y los daños que se produjeron en el año 2010, tras la ruptura del canal del Dique.

Las pretensiones de la demanda llegaban a tres y medio billones. En la acción de grupo se señalaba a los Ministerios de Transporte, Interior y Justicia, al Invías y a la Gobernación del Atlántico como supuestos responsables de lo sucedido al no adoptar medidas que evitaran las inundaciones que afectaron a cinco municipios.

El tribunal eximió al Estado de toda responsabilidad, tras concluir que lo sucedido fue consecuencia del fenómeno de La Niña, que ni fue obra del Estado ni era previsible el daño que ocasionó.