La Contraloría General emitió un pronunciamiento que pone fin a una larga diferencia entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la firma CGR, operador del relleno sanitario de Doña Juana de Bogotá.

 

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Las dos partes, es decir, la UAESP y el Consorcio CGR estaban enfrascadas en una discusión sobre quién debía realizar los estudios de impacto ambiental para la ampliación de la licencia de Doña Juana más allá del año 2022. Pues la delegada para el medioambiente de la Contraloría, en una carta enviada al Tribunal de Cundinamarca, dice que es el concesionario quien tiene la competencia y obligación de realizar, tramitar y adelantar la gestión para la expedición de la nueva licencia ambiental del relleno.

Punto final a una larga controversia, que de prolongarse hubiera puesto en riesgo el servicio de basuras en Bogotá.