La Corte Constitucional acaba de adoptar un fallo de tutela en un caso individual.

Los fallos de tutela no fijan doctrinas, pero sí son un precedente para que miles de afectados por la emergencia en Hidroituango del año 2018 puedan reclamar.

Recordemos que comunidades de los municipios aledaños al río Cauca fueron evacuadas, en mayo de 2018, por el riesgo de derrumbe. La Corte Constitucional ha ordenado a las Empresas Públicas de Medellín que reubiquen, a más tardar en 48 horas, a un agricultor que fue desplazado por la grave emergencia ambiental y a quien le suspendieron, en mayo de 2020, la ayuda humanitaria que le venían dando desde finales de 2018. La Corte cuestionó que le suspendieran la ayuda humanitaria después de haberse negado a aceptar una indemnización que le ofrecieron a cambio de firmar un documento en el que renunciaba a su derecho a demandar.

En el Consejo de Estado cursa una acción de grupo que busca una indemnización de $ 117 millones para cada uno de los afectados por la crisis de Hidroituango de 2018; se habla de veinte mil afectados.