El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al fiscal general sobre la incautación de camiones que sean usados para bloquear vías.

Los magistrados declararon improcedente una acción de tutela en la que el demandante argumentaba que el fiscal general vulnera los derechos fundamentales de los colombianos que protestan en vehículos automotores.

 

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En el texto de la tutela se decía que las acciones del fiscal afectan el derecho a la protesta y la libre expresión, reconocidos en el derecho nacional e internacional. La tutela fue archivada y el Estado mantendrá la incautación de vehículos como una herramienta importante para desbloquear las vías.

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Hasta el momento, la Fiscalía ha aplicado la extinción de dominio a 18 de los vehículos incautados.