La Corte Suprema culpa a la Justicia Penal Militar de un grave error. La historia es esta: un proceso por un crimen ocurrido hace 29 años y archivado hace 27 por la Justicia Penal Militar llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde acaban de ordenar su reapertura. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte consideraron que la Justicia Penal Militar cometió una «clara violación del principio del juez natural y afectaron los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia».

La Corte le dijo a la Justicia Penal Militar que el Ejército no tiene entre sus competencias retener personas sin orden judicial y menos, torturarlas. Con esta decisión, la Fiscalía recibió autorización de la Corte para acusar ante la justicia ordinaria a dos oficiales del Ejército por el asesinato de tres indígenas arhuacos que pretendían llegar a Bogotá para hablar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Los indígenas fueron asesinados en septiembre de 1990, en la Sierra Nevada. Un consejo de guerra absolvió a los dos oficiales, un coronel y un teniente, con el argumento de que fue un acto de servicio.

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La Corte tumbó esa decisión, por petición de la Fiscalía General, y dijo que detener inocentes, torturarlos y asesinarlos no son actos de servicio, por lo cual decidió que los dos exoficiales vayan a juicio ante la justicia ordinaria.