El borrador que está construyendo el Ministerio de Justicia señala que le corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes disponer la destrucción de los cultivos ilícitos, definir las áreas donde se erradicará y ordenar pilotos para monitorear las operaciones y hacer los ajustes necesarios.

El proyecto de decreto destaca la manera como debe garantizarse la participación ciudadana antes, durante y después de la ejecución del programa de erradicación aérea, bien sea con denuncias sobre posibles afectaciones a la salud o al medioambiente, con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Precisa que cada tres meses la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud deberán entregar un informe al Consejo Nacional de Estupefacientes con el seguimiento y las evaluaciones realizadas, con el fin de suspender, modificar o mantener la aspersión aérea. El mismo documento indica que la mezcla por utilizar, sea glifosato o cualquier otro químico, debe ser presentada al Instituto Nacional de Salud para que autorice su utilización.

Los lineamientos fijados por la Corte Constitucional para la reanudación de la aspersión aérea son la protección a la salud y al medioambiente, que se consulte previamente a las comunidades y que haya una seria regulación y un monitoreo constante.

Todos los expertos en el tema se preguntan si el ministro no está ensillando ¡sin tener una sola bestia cerca!