El Consejo de Estado acaba de imponer una millonaria condena a la nación por las condiciones de hacinamiento e insalubridad que han enfrentado cientos de reclusas en la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá).
La indemnización que tendrán que pagar el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el INPEC es de más de treinta mil millones de pesos y beneficia a cientos de reclusas que han pasado por esa cárcel desde el año 2012, cuando se interpuso la acción de grupo que se falló.
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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le salió al paso a esta sentencia y tomó acciones inmediatas: firmó convenios para crear 1500 cupos en la cárcel de San Ángel, de Magdalena; 4500 más en Villahermosa, en Cali; 510 en Itagüí; 720 más en Palmira y 760 en Socorro (Santander).
La meta es reducir el hacinamiento a cifras por debajo del 20 % antes de un año.