El Consejo de Estado acaba de imponer una millonaria condena a la nación por las condiciones de hacinamiento e insalubridad que han enfrentado cientos de reclusas en la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá).

La indemnización que tendrán que pagar el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el INPEC es de más de treinta mil millones de pesos y beneficia a cientos de reclusas que han pasado por esa cárcel desde el año 2012, cuando se interpuso la acción de grupo que se falló.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le salió al paso a esta sentencia y tomó acciones inmediatas: firmó convenios para crear 1500 cupos en la cárcel de San Ángel, de Magdalena; 4500 más en Villahermosa, en Cali; 510 en Itagüí; 720 más en Palmira y 760 en Socorro (Santander).

La meta es reducir el hacinamiento a cifras por debajo del 20 % antes de un año.