El Consejo de Estado admitió una demanda que presentó la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES), que pide tumbar una norma que les otorga beneficios en los procesos de contratación pública a aquellas empresas que contraten más mujeres.

El gremio pide tumbar el segundo artículo del Decreto 1279 de 2021 que otorga puntos adicionales, en las licitaciones y los concursos, a las empresas y cooperativas de seguridad privada «como incentivo para la vinculación de mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de 45 años».

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Según la demanda, este incentivo es «irregular», pues termina beneficiando a las empresas más grandes del mercado, llevando a «la inminente desaparición de las empresas mipymes, cuyo mercado principal ha sido el estatal».

Asegura la demanda que a esos estímulos solo podrán acceder «las empresas grandes que ocupan no más del 5 % del total de empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia».

Se abre así una nueva polémica en el sector de la vigilancia privada con esta demanda que podría parecer discriminatoria contra las mujeres y contra las personas en situación de discapacidad.