Lo habitual en los procesos judiciales es que los acusados traten de demostrar su inocencia y la Fiscalía busque las pruebas para demostrar su culpabilidad.

Todo lo contrario está ocurriendo en el proceso que abrió la JEP desde cuando un grupo de excomandantes de las Farc se autoincriminó por el asesinato del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995.

 

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En este caso, son los exjefes de las Farc quienes están haciendo todo lo posible para reunir pruebas que demuestren su culpabilidad por la autoría del crimen. La JEP aceptó una petición del senador Carlos Antonio Lozada para inspeccionar los computadores incautados al Mono Jojoy, donde asegura que están las pruebas que confirman su confesión.

Los dirigentes de las antiguas Farc saben que si la JEP confirma que las ex-Farc mintieron sobre este caso, podrían perder los beneficios del acuerdo de paz.