La JEP acaba de admitir como víctimas a cinco integrantes de una comunidad LGBTI agredida por las Farc y por la fuerza pública en el norte del Cauca.

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Fueron víctimas de amenazas, torturas, secuestro, persecución, violencia sexual y desplazamiento forzado en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto y Santander de Quilichao. Según la decisión judicial, este grupo fue perseguido por su orientación sexual.

Según los magistrados, esos actos constituyen un delito de lesa humanidad cuando se cometan de manera generalizada.