Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar perdieron la batalla legal con la que pretendían que se les indemnizara por el no pago de salarios ni prestaciones sociales entre los años 2007 y 2013.

El Consejo de Estado cerró la puerta a esa posibilidad al fallar hoy, en última instancia, una acción de grupo instaurada por 25 madres comunitarias. El alto tribunal considera que la demanda es improcedente y como tal, denegó las pretensiones de las madres comunitarias. En este caso, el Consejo de Estado lo que hizo fue confirmar un fallo proferido en ese sentido por el Tribunal Administrativo de Quindío.

El proceso tiene que ver con una supuesta discriminación o violación al derecho a la igualdad alegado por las demandantes, que basaron sus reclamos en el hecho de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les hubiera pagado, en su momento, menos de un salario mínimo por la labor desempeñada. Esa situación, aunque efectivamente ocurría, fue corregida en el año 2013, al atender una orden de la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado concluyó que el Bienestar Familiar, en definitiva, no produjo un daño sobre las madres comunitarias. De hecho, reconoció que la orden de la Corte Constitucional fue acatada a partir del reconocimiento del pago de un salario mínimo. Además, señaló que las normas con las cuales se establecieron los pagos antes del año 2013 tampoco eran ilegales; quizá eran inequitativas, pero no ilegales. Mejor dicho, no hubo perjuicios patrimoniales, según señala el fallo.

¿Saben cuánto habría tenido que girar el Bienestar Familiar en total si se aprueba la demanda? $ 1,6 billones, teniendo en cuenta que actualmente son más de cuarenta y ocho mil las madres comunitarias… $ 1,6 billones.