Un informe de la Fiscalía reveló hoy que desde el inicio de la pandemia, un total de 127 personas han sido judicializadas por suscribir de forma irregular contratos para enfrentar la COVID-19 en las regiones.

Los datos recopilados por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía indican que 30 alcaldes, tres gobernadores y dos concejales son señalados de desviar recursos para atender la pandemia, por firmar los contratos con sobrecostos o por entregar los convenios a sus simpatizantes.

 

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Pero los políticos no son los únicos que quedan mal parados, pues 92 contratistas y particulares también tendrán que responder ante los jueces. El caso más reciente detectado por la Fiscalía enreda a una pareja de empresarios que le vendió al municipio de Cunday, en Tolima, 15 termómetros por ocho millones de pesos y lo peor es que los implementos no medían la temperatura de los humanos.

En total, los investigadores han revisado más de seis mil contratos valorados en $ 667.000 millones por posibles irregularidades.