La Contraloría General halló un contrato por $ 1500 millones que tenía como objetivo la adquisición de material de asalto militar y le fue otorgado a la firma Imdicol Ltda. Se descubrió que esa compañía también figura en otra empresa que tiene otro contrato con la misma Armada, lo que constituiría una clara inhabilidad y una causa de rechazo, por tratarse de dos sociedades distintas, pero con el mismo dueño verdadero. Todo este enredo ya fue trasladado a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se adelanten las investigaciones.