El Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron ante la Corte Constitucional, sobre el decreto 546, que fue expedido dentro de la emergencia por el coronavirus y por medio del cual se adoptan medidas extraordinarias para aliviar el hacinamiento carcelario. En un primer escrito, el ministerio admite que el decreto que busca concederles la detención domiciliaria a unos cuatro mil internos no reducirá significativamente el hacinamiento, aunque considera que sí bajará el riesgo de contagio entre las personas privadas de la libertad.

En un segundo documento enviado por la Defensoría del Pueblo se le pide a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad del decreto, aunque de forma condicionada, de tal manera que se disminuyan las condiciones que se exigen. Advierte la Defensoría que «la regla de las exclusiones está provocando la ineficacia de la medida».