Hace un año denunciamos en esta sección el viaje a Panamá de 82 funcionarios de la Contraloría de Boyacá, para una actividad de integración realizada entre el 3 y el 5 marzo de 2018 , cuyo costo alcanzó los $ 137 millones.

Resulta que la Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar con cuatro meses de suspensión al contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez, y a seis

funcionarios más de la entidad por aprobar y ejecutar el contrato que permitió ese viaje y que se terminó financiando con recursos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría de Boyacá.

Según la Procuraduría, el saliente contralor de Boyacá firmó el convenio sin que existiera un estudio que demostrara que el viaje era necesario para la entidad, lo que se considera como una abierta violación a los criterios de equidad y eficiencia.

El saliente contralor de Boyacá podrá apelar la sanción por una falta que la Procuraduría considera como grave.