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La siguiente historia comienza en 2014.
Ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Colombia vulneró los derechos de la señora Marta Álvarez Giraldo debido a que las autoridades penitenciarias le impidieron recibir visitas íntimas de mujeres en la cárcel de Pereira por prejuicios discriminatorios sobre su orientación sexual.
El caso provocó que el Estado pidiera perdón internacional por incurrir en «discriminación extrema» y que se implementaran medidas como una reforma al reglamento del INPEC para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de la comunidad LGBTI (lesbiana, gay, bisexual y transgénero) en el interior de las cárceles.
Aunque el caso ocurrió en los noventa y Marta Álvarez ya se encuentra en libertad, hoy tuvo la oportunidad de cuestionar en una audiencia ante la CIDH que el gobierno persista en crear dificultades para la población LGBTI en las cárceles del país.
Marta Álvarez afirmó:
«He podido constatar que desde mi experiencia como mujer lesbiana, privada de la libertad, hasta ahora que tuve la oportunidad de visitar las cárceles, el escenario ha mejorado pero no lo suficiente, ya que los inconvenientes continúan. Quizá el problema más grave es la distancia que hay en el papel y la realidad. Espero que conforme se vayan implementando los acuerdos alcanzados con el Estado, el avance pueda ser visiblemente mayor y que las muchachas y los muchachos en prisión no tengan que pagar dos condenas en lugar de una, como las tuvimos que pagar unas compañeras y yo en el pasado».
En este caso, catalogado como emblemático para las mujeres lesbianas y la población carcelaria del país, el Estado colombiano logró, por ahora, un acuerdo amistoso que evitó una investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.