El cuestionado contratista Emilio Tapia, condenado por el carrusel de contratos de Bogotá y ahora investigado por el escándalo del MinTIC y Centros Poblados, no ha podido ser escuchado por la Fiscalía.

Lo aterrador es la razón por la cual no ha podido ser interrogado, parece mentira: a los fiscales que llevan el caso, el INPEC les negó el ingreso a la celda de la cárcel La Picota de Bogotá, en la que permanece Tapia desde el pasado viernes.

¿La razón? Tapia se encuentra en una cuarentena obligatoria de 14 días, en cumplimiento del decreto que estableció dentro de los protocolos para el control de la pandemia.

La Fiscalía pidió entonces que Tapia sea llevado al búnker para que rinda su declaración y finiquitar los detalles de su colaboración con la justicia.

La solicitud aún no ha sido respondida. Cosas que solo ocurren en nuestro amador país.