Crece el escándalo por el viaje a Panamá de 73 funcionarios de la Contraloría de Boyacá para celebrar el Día de la Mujer.

Se trata de este contrato por USD 43.144, firmado entre el Fondo de Bienestar Social de servidores públicos de la Contraloría de Boyacá y la firma Servincluidos Ltda., agencia que se encargó del viaje al hotel Golf Beach Resort de Panamá. El contrato aparece firmado por el propio contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez.

Y aquí viene la letra menuda que podría complicar al contralor: en el documento dice que el viaje incluye bar abierto de licores y refrescos sin límite de consumo, y discoteca con consumos ilimitados. El decreto 1567 de 1998 señala, en el artículo 37, que las entidades deben apropiar anualmente los recursos para programas de bienestar social con excepción de bebidas alcohólicas. El Código Penal establece que el servidor público que utilice dineros públicos en forma no prevista en la ley incurrirá en prisión de uno a tres años, inhabilidad para cargos públicos por ese periodo y multa de 50 salarios mínimos. El auditor general, Carlos Rodríguez, estudia el caso.

Con razón el contralor Edgardo Maya ha pedido la eliminación de las Contralorías Departamentales. ¿Qué le pasó, doctor Maya? ¡Insista en el tema! ¡Contralor, hola!