A la Corte Constitucional ha llegado una tutela que enfrenta a una mujer cabeza de hogar y víctima de desplazamiento forzado con la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La señora Luz Castaño emprendió una batalla jurídica para no perder la casa en la que reside con sus tres hijos, en Marinilla (Antioquia). Destacó ante la justicia que uno de sus hijos está en condición de discapacidad.

La historia es esta: en 2019, un tribunal ordenó la extinción de dominio de su casa, por una condena impuesta contra uno de sus hijos, al que le encontraron 421 gramos de marihuana en la vivienda familiar. La señora relata que la Sociedad de Activos Especiales les notificó que debían abandonar voluntariamente el inmueble o procederían a desalojarlos forzosamente.

El magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes consideró que este caso debe ser revisado por la Corte, pues presenta un debate novedoso. Dice el magistrado lo siguiente: «No se ha tenido la oportunidad de estudiar un caso similar al aquí presentado, que cuenta con las particularidades del proceso de extinción de dominio cuando el hogar tiene un uso doméstico por una víctima del conflicto y se aplica un régimen objetivo de responsabilidad penal», advierte un escrito del magistrado Reyes.

La Corte debe ahora definir si admite revisar el caso y ojalá que así ocurra para que se haga justicia con la madre cabeza de hogar que está a punto de perder su casita.