La decisión de la Justicia Especial para la Paz de admitir al excongresista Musa Besaile, investigado por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, acaba de tener su primer efecto práctico sobre la justicia ordinaria.

Esta mañana, un juez de Bogotá suspendió la audiencia en la que estaba previsto iniciar el juicio al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, vinculado al mismo escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Los jueces están evaluando el impacto de la decisión de la JEP, que considera que ese caso de corrupción, al que están vinculados tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, está relacionado con el conflicto y debe ser juzgado por este alto tribunal de paz. Según el argumento de Musa, admitido por la JEP, el presunto soborno a magistrados de la Corte buscaba dejar en la impunidad hechos con el conflicto.

Mientras se define el futuro de este caso, el magistrado Ricaurte permanecerá en libertad.