Una iniciativa parlamentaria para atacar la impunidad que se registra en la gran mayoría de los casos que involucran delitos cometidos contra los menores acaba de recibir un no rotundo por parte del Gobierno.

El proyecto impulsado por el representante del Partido de la U Norman Hurtado planteaba la creación de una unidad especial de justicia para la investigación y sanción de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en municipios priorizados. La iniciativa advertía que los 205 funcionarios de la planta de fiscales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes son insuficientes para atender todos los casos que se denuncian y que involucran delitos tan graves como el secuestro, la violencia física y moral, el abuso sexual y la explotación laboral.

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Pues resulta que el Consejo Superior de Política Criminal, del que forman parte, entre otros, el fiscal general, el ministro de Justicia, la procuradora y el defensor del pueblo, emitió un concepto negativo frente al proyecto. Argumenta el Consejo Superior de Política Criminal que el proyecto no cuenta con argumentos investigativos ni técnicos que indiquen cómo se reduciría la impunidad con la creación de las unidades investigativas.

Ojalá que en la próxima legislatura se insista en este proyecto y se vean más resultados por parte de la justicia.