En el año 2013, la Gobernación de Arauca, bajo el mandato de Facundo Castillo, firmó un contrato con el consorcio Centro Atención 2013, para construir un centro de atención especializada para el menor infractor.

El proyecto nació como alternativa para que los jóvenes de todo el departamento que estuvieran implicados en la comisión de delitos fueran recluidos allí y no tuvieran que ser enviados a una cárcel, donde los convierten en criminales. En buena hora se optó por la rehabilitación y la formación.

La obra tendría un costo inicial de $ 6085 millones; se le hizo una adición de más de $ 2036 millones, para una inversión que supera los ocho mil millones de pesos. Fue financiada con recursos de las regalías y se estableció que la construcción tendría una duración de ocho meses.

¿Quieren ver cómo está hoy, seis años después de la supuesta apropiación? Abandono total y maleza. La obra tuvo más de diez suspensiones y presentó fallas en el estudio previo. El diseño definitivo, además, no contaba con la aprobación del Bienestar Familiar.

Como si esto fuera poco, un particular reclama que el terreno donde se construye el centro del menor es suyo, es decir, un terreno privado y no de la Gobernación del departamento de Arauca. ¡Nunca lo pagaron! El particular adelanta un proceso judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca. La obra no fue concluida y se encuentra en abandono.

¡Ay, mi país, mi país! Vuelvo a recordar a Pablus: «Con un poco de humor, vamos a reír de la situación de nuestro país».