La Superintendencia de Industria y Comercio encontró irregularidades en procesos de contratación estatal para el mantenimiento y la adecuación de instalaciones.

Según la Resolución 30415, al menos ocho empresas y ocho personas naturales hicieron un acuerdo ilegal en los procesos de selección de empresas para el desarrollo de varios proyectos de construcción, sistema eléctrico y adecuaciones de oficina. De acuerdo con la investigación, los responsables hicieron alianzas y análisis conjuntos de los respectivos pliegos de condiciones, violando la libre competencia.

 

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En una primera decisión, y después de cuatro años de investigación, la Superintendencia impuso una multa total de $ 956 millones por las irregularidades encontradas durante 2015 y 2017. Aunque falta la segunda instancia para confirmar la sanción, la Superintendencia tiene los argumentos necesarios para castigar esta práctica de cartelización en el país, que afecta tanto a las empresas como a las entidades del Estado.