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En una actuación especial de fiscalización, la Contraloría encontró presuntas irregularidades en otro contrato del MinTIC.
Se trata de un convenio por $ 25.000 millones suscrito por el Área Metropolitana de Barranquilla, cuya junta preside el alcalde Jaime Pumarejo Heins, y el Fondo Único de las Tecnologías del Ministerio de las TIC.
La Contraloría cuestiona que estén embolatados más de seis mil millones de pesos de ese convenio y que el Área Metropolitana de Barranquilla haya subcontratado directamente a la empresa Infotic S. A. para la implementación de una iniciativa que pretende transformar a la capital del Atlántico en «una ciudad y territorio inteligente».
La Contraloría advierte textualmente lo siguiente: «Se observan debilidades en el proceso de selección objetiva por parte de la administración de Barranquilla en el proceso de contratación en el que resultó escogido el Infotic S. A.».
La Contraloría también alerta que podría presentarse un sobrecosto en la ejecución de este convenio, pues se cuestiona que Infotic, la empresa subcontratada que recibió los $ 25.000 millones del convenio, haya subcontratado a la empresa privada Nebula Engineering por $ 18.000 millones para la misión que les encomendaron a ellos. Infotic conocía que Nebula también había presentado una propuesta para quedarse con el contrato de los $ 25.000 millones.
«Se configuraría una presunta intermediación innecesaria por parte de Infotic S. A., por cuanto estaría delegando directamente la actividad principal del contrato 007-2020 a la empresa Nebula Engineering S. A. S., lo que podría derivarse en un presunto sobrecosto de la actividad contractual», agrega el informe.
La Contraloría no sabe qué pasó con los $ 6836 millones que quedan de diferencia del contrato que suscribió Infotic con Nebula; por ello, resaltó que hay «deficiencia en el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal» y que no se estableció «de manera identificable» qué se hizo con ese dinero.
El Área Metropolitana «no detalla ni valoriza las actividades que Infotic S. A. realizará en cuantía de $ 6836,5 millones y tampoco justifica la contratación de esta última entidad con la empresa Nebula Engineering S. A. S. […] Se evidencia un margen de intermediación injustificado, que eventualmente podría generar un mayor valor no sustentado en la suma mencionada», advierte la Contraloría.
Un dato más: la funcionaria que autorizó el convenio de los $ 25.000 millones, del que no se sabe en qué han terminado más de seis mil millones de pesos, es Adriana Meza Consuegra, secretaria general del Ministerio de las TIC, que actualmente está siendo investigada por el polémico caso de Centros Poblados.
Siendo, como es, una investigación oficial de la Contraloría General, el país espera respuesta tanto de la anterior administración de Barranquilla como del Ministerio de las TIC.