Uno de los primeros documentos que encontró en su escritorio el ministro de Defensa, Diego Molano, fue una carta firmada por 16 asociaciones de militares y policías retirados. En la comunicación, le piden al ministro estudiar una ley antiterrorista, revisar los fundamentos jurídicos de la Fuerza Pública y revisar el fuero penal militar.

Los retirados le expresan al ministro preocupación porque consideran que la legislación y las normas que rigen a la Fuerza Pública no son acordes a la situación de orden público que se tiene que enfrentar en muchas regiones del país. Manifiestan que los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía no tienen seguridad jurídica para cumplir con la misión de imponer la ley y el orden en las circunstancias actuales.

La carta la firma el general Jaime Ruiz, presidente de Acore; el general Alejandro Navas, excomandante del Ejército; el general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, y presidentes de otras trece asociaciones.