La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, le acaba de pedir a la Corte Constitucional que modifique una disposición del Código de Procedimiento que hace desiguales los procesos de divorcios de matrimonios católicos con respecto a los divorcios de matrimonios civiles.

El artículo 389 del código dispone que cuando se da un divorcio, por medio de sentencia judicial, se debe condenar al pago de perjuicios al cónyuge que haya tenido la culpa en la separación y se deben compulsar copias para que se investigue si el culpable de la disolución pudo haber cometido un delito. Las anteriores órdenes solo aplican para los matrimonios civiles, no para los católicos.

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La procuradora le ha pedido a la Corte que precise el alcance de la norma, al considerar que «se afecta la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia», por cuenta del vacío que existe sobre los divorcios católicos. Y señala la Procuraduría que «cuando en la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico se evidencie la existencia de violencia intrafamiliar […], el operador jurídico se encuentra limitado para ordenar la reparación correspondiente, así como para disponer las investigaciones penales respectivas».

Hoy, las normas vigentes sobre separación por razones de violencia intrafamiliar imponen a la víctima, en los matrimonios católicos, la carga de acudir a procesos adicionales para efectos de reparación.