Finalmente, ¿qué pasará con los magistrados vinculados al escándalo de corrupción en la Corte?

La captura del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, plantea un gran interrogante sobre lo que podrá pasar con los magistrados y exmagistrados mencionados dentro del escándalo por el presunto pago de sobornos para modificar decisiones judiciales. Lo único cierto es que, según la Constitución, la Comisión de Acusación de la Cámara es el juez natural de magistrados, y aún tiene mucho camino por recorrer.

Hay que dejar en claro que la Comisión de Acusación no tiene facultad para enviar a la cárcel a ninguno de los investigados. Además, el proceso es bastante dispendioso: de los 15 representantes que componen la comisión, 8 deben aprobar el informe para avanzar en un juicio previo. Surtido este paso, el informe se presenta a la plenaria de la Cámara, en donde la mayoría calificada debe aprobar si se continúa con el proceso; si lo admite, el informe pasa a una Comisión de Instrucción del Senado, que debe dar su visto bueno para seguir adelante con el juicio previo y, finalmente, la plenaria del Senado determina si el magistrado pierde su fuero constitucional, se le declara la condición de indignidad y se da paso a la Corte Suprema para que adelante el juicio.
Como ven, el tema es bien complicado y podría tardar años en resolverse. Por eso, tienen razón juristas de la estatura de Rodrigo Uprimny, quien propuso en su columna de El Espectador modificar el reglamento del Congreso para crear por reforma legal ordinaria, y no por reforma constitucional, una comisión de aforados que reemplazaría en lo fundamental a la Comisión de Acusación.

Y en eso está de acuerdo casi todo el mundo, para que el escándalo de corrupción en la Corte no sea sino eso: escándalo sin castigo.