Pese a que los excomandantes de las desmovilizadas Farc no se han pronunciado, sí hay antecedentes para el pago de millonarias indemnizaciones por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos secuestrados por las Farc.

Ellos justamente fueron liberados junto a Íngrid Betancourt en la operación Jaque; la justicia norteamericana ordenó pagarles una millonaria indemnización de 318 millones de dólares que recibieron Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, secuestrados por las Farc en 2003. ¿De dónde salió ese dinero?

Luego que el expresidente Donald Trump promulgara la Ley de Aclaración Antiterrorista, las víctimas de grupos terroristas quedaron habilitadas para recibir activos incautados por el Gobierno estadounidense con base en leyes antidrogas.

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Los tres estadounidenses pudieron entonces recibir su millonaria indemnización gracias a un fallo de la Corte de Tampa que ordenó que se pagara con bienes incautados al empresario venezolano Samark López, incluido en la lista Clinton; a él, la justicia norteamericana lo denominó como «traficante de narcóticos especialmente designado» junto al que consideran su socio, Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela y quien está siendo buscado por narcotráfico internacional.

Ahora, la pregunta es: ¿ocurrirá lo mismo con la demanda que ganó Lawrence Delloye Betancourt, el hijo de Íngrid Betancourt, y que ordena una indemnización de 36 millones de dólares?

Hay un antecedente muy importante que podría beneficiar a Lawrence y es el hecho de haber nacido en California y, por lo tanto, ser ciudadano estadounidense, lo que permite que sus derechos sean amparados por las leyes de ese país, es decir, que la justicia estadounidense podría acudir a la misma Ley de Aclaración Antiterrorista y con bienes incautados a alguna organización del narcotráfico ligada a las extintas Farc pagar la millonaria compensación por el secuestro de la excandidata presidencial.

¡Amanecerá y veremos!