Una juez resulta comprometida porque adelanta su actividad judicial, pero también es contratista.

Según la denuncia interpuesta contra ella, se trata de la juez Betulia Orduña Holguín, quien no solo dicta sentencias en casos penales, sino que es una exitosa empresaria y contratista del Estado en el suministro de combustibles. Como representante legal hasta el 14 de octubre pasado de la empresa Dispetrocom Ltda., había suscrito varios contratos con Ecopetrol por cientos de millones de pesos, como aparece registrado en el sistema de la contratación pública Secop. La doctora Orduña Holguín es la principal accionista de Dispetrocom.

Llama la atención que para la juez no parece haber incompatibilidad alguna entre su función judicial y la actividad de contratista del Estado y menos aún si sus contratos los tiene con la empresa Ecopetrol, que es la empresa estatal petrolera que junto con Reficar tramitan en su despacho el caso más sonado de aparente corrupción en Colombia: la construcción de la refinería, que costó dos veces más de lo presupuestado.

Afirman quienes la acusan que la ley prohíbe el ejercicio simultáneo de la actividad judicial con actos de contratación con el Estado para asegurar absoluta imparcialidad en las decisiones del juez.

Y todo indica que la juez será recusada. Y por lo que aseguran los demandantes, con toda la razón.