Los jueces y fiscales le dirigieron un mensaje a la Corte Constitucional en el que le piden que tumbe el decreto por medio del cual fue creado el impuesto solidario que hace un descuento progresivo desde el 12 % del salario a los trabajadores públicos que ganan más de diez millones de pesos mensuales.

El documento, de catorce páginas, fue radicado en el despacho del magistrado ponente Carlos Bernal por la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, para que sea tenido en cuenta dentro del proceso de revisión que la Corte está llevando a cabo sobre el Decreto 568.

Tanto jueces como fiscales consideran que el llamado impuesto solidario, cuyo recaudo está previsto durante tres meses —mayo, junio y julio— es inequitativo y discriminatorio, entre otras razones, porque va en contra de las garantías laborales y salariales. Además, dicen ellos, no se entiende por qué se excluyó del cobro a los generales de la República y a los otros oficiales de la fuerza pública que ganan más de diez millones al mes.

Jueces y fiscales no solo le están pidiendo a la Corte que declare inexequible el decreto, exigen además que se les devuelva a los empleados públicos el dinero que ya se les ha descontado. Y tienen razón, ¡la ley establece que a nadie se le puede rebajar el sueldo!