Absoluta defensa técnica y jurídica hizo el Gobierno ante la Corte Constitucional del decreto que instauró el llamado «impuesto solidario», que se descuenta a los trabajadores del Estado que ganan más de diez millones de pesos al mes. El documento revela la cifra que se espera recaudar entre mayo y julio con ese descuento: $ 287.000 millones… $ 287.000 millones.

Al defender la exclusión de altos oficiales de las fuerzas militares, el principal argumento que expuso el Gobierno es que los miembros de la fuerza pública que se ganan más de diez millones de pesos no deben sufrir el descuento porque están disponibles siete días a la semana, 24 horas al día, y adicionalmente están haciéndole un gran aporte a la sociedad con su trabajo y exposición en esta época del coronavirus.

Hay 1.086.000 trabajadores en el Estado; de ellos, el 98 %, es decir, 1.063.000 ganan menos de diez millones de pesos, por lo que el aporte solidario lo están pagando 23.000 trabajadores, que corresponden al 2 % de la nómina oficial.

Al final, el Gobierno explica que los empleos privados no se incluyeron en el cobro de ese impuesto porque en esta crisis por el coronavirus en el sector privado no se tiene la misma estabilidad que se tiene en el sector público.
El documento termina con este dato: de 9.965.000 personas que hay ocupadas, el 44 % están en riesgo de perder su trabajo, es decir 4.384.000.