Uno | Reparos del Consejo Superior de Política Criminal al proyecto de Plan de Desarrollo
- Uno | Histórico: por primera vez, Colombia exportará huevos a Cuba
- Ñapa | Curiosa consulta que hace la Corte Suprema sobre la elección de procurador general
El Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto con reparos a varios artículos del proyecto de Plan de Desarrollo.
El artículo 298 otorga facultades extraordinarias al presidente Petro, hasta por seis meses, para que regule los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis o marihuana, y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de las sustancias psicoactivas. El consejo advierte que se debe «tener en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en razón a la importancia de revisar los lineamientos que se han dado en materia de facultades extraordinarias del presidente de la República».
Otro artículo del proyecto, el 50, habla de la transformación de la Policía Nacional y de su traslado a un ministerio de carácter civil. El consejo advierte que «las policías judiciales de la Dijín y Sijín tienen que permanecer bajo el mando y liderazgo de la Fiscalía General de la Nación».
Y otro artículo, el 170, plantea cambios en la destinación de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), que administra los bienes con extinción de dominio. La ley actual dispone que el 25 % de esos recursos se destinan a la Rama Judicial, otro 25 % para la Fiscalía, un 10 % para la Policía Judicial de la Policía Nacional, otro 5 % para la Defensoría del Pueblo y un 35 % para el Gobierno nacional. El Plan de Desarrollo plantea cambiar esos porcentajes, quitándoles los recursos a la Defensoría y a la Policía, para que el Gobierno reciba el 50 % y decida en qué invertirlos.
El consejo advierte de la inconveniencia de quitarle recursos a la Policía Judicial, que en 2021 recibió $ 27.511 millones del Frisco y en 2022 recibió $ 6026 millones.
El Consejo Superior de Política Criminal está conformado por 14 actores, entre ellos, los ministros de Justicia y de Educación, los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura; el fiscal general, la procuradora y el defensor del Pueblo.