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La Procuraduría General de la Nación utilizó hoy, por primera vez, una facultad reafirmada por la Corte Constitucional.
Se trata de que el ministerio público sí puede suspender a funcionarios elegidos por elección popular, como alcaldes y gobernadores, pero lo novedoso es que la sanción queda ahora sometida a la revisión que haga de la medida el Consejo de Estado.
«Acatamos la facultad que se nos mantiene de tomar decisiones de sanción relativas a suspensión, destitución o inhabilitación, con la revisión automática frente a los funcionarios de elección popular que debe hacer el contencioso administrativo», dijo Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.
El primer sancionado bajo las nuevas reglas del mencionado fallo es Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por diez años, por una falta calificada como «gravísima»: se trata de la «vulneración de los principios de economía, planeación y selección objetiva en diferentes contratos celebrados en el municipio durante la emergencia por el COVID-19 en la vigencia 2020».
El alcalde Muñoz, elegido con el aval de Cambio Radical y con las firmas de un grupo significativo de ciudadanos, podrá continuar en su cargo hasta el veredicto final del Consejo de estado.