Los indígenas jiw del resguardo Naexal, que habitan en Mapiripán (Meta), son una pequeña comunidad en peligro de extinción por cuenta de los enfrentamientos entre la guerrilla y los paras por el control territorial y debido a los despojos de tierras y desplazamientos que han padecido durante trece años.

Asfixiados por su difícil situación, los indígenas jiw lanzaron un SOS y presentaron una tutela para reclamar el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el territorio, la identidad cultural, la reubicación, la estabilidad económica y la vivienda.

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La tutela, que en primera instancia fue negada por un juzgado de Villavicencio, llegó a la Corte Constitucional para su revisión. La Corte asumió el caso y hoy concedió la tutela amparando derechos a los 999 indígenas jiw.

El fallo, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, le ordena a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas concertar con esa comunidad la puesta en marcha de proyectos productivos, a la Gobernación del Meta le pide realizar brigadas de salud y vacunación, a la Alcaldía de Mapiripán le exige garantizarles el acceso al agua potable y a la Procuraduría le solicita investigar a Cormacarena por afectaciones ambientales sobre el territorio indígena.

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