Vean esto: según la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró, en la sentencia del caso Petro, cualquier limitación de derechos debe fundarse en una sentencia condenatoria proferida por un juez en el curso de un proceso penal, pues así lo dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La medida de aseguramiento es una decisión provisional que no supone un juicio de responsabilidad; cuando menos no uno definitivo. En otras palabras, de no haber renunciado el senador Uribe tendría, en la sentencia a favor de Gustavo Petro, un muy fuerte argumento para sostener que debería permitírsele continuar ejerciendo como senador, a pesar de la medida de aseguramiento adoptada en su contra. Según el exprocurador Bernal Cuéllar, la sentencia en favor de Petro favorece, quién lo creyera, a su archienemigo Álvaro Uribe, pues al no existir condena no pueden limitarse sus derechos políticos, cuyo ejercicio supone la libertad personal del funcionario.

Tesis brillante, inteligente y aparentemente válida, pero, infortunadamente para Uribe, tesis tardía.