Por estos días, hay polémica en el país por el llamado mico que congresistas incluyeron en un proyecto para cambiar los requisitos para aspirar al cargo de fiscal general, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional.

El mico establece que ya no se pida como requisito una experiencia de 15 años en la Rama Judicial o en el ministerio público para estos cargos, y propone, en su reemplazo, que se tenga en cuenta la experiencia en ciencias humanas, económicas, financieras, administrativas o sociales.

Este debate no es nuevo; de hecho, el pasado mes de junio, en la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia fue aprobada la misma propuesta que en este momento está siendo revisada por la Corte Constitucional.

El mico en la reforma a la justicia dice lo siguiente: «[…] Para ejercer el cargo de fiscal general de la nación, procurador general de la nación, defensor del pueblo y registrador nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en Ciencia Política, Gobierno, Finanzas, Relaciones Internacionales, Economía, Administración de Empresas y Administración Pública».

Como quien dice, mico hecho a la medida; lo que la gente se pregunta es ¿para quién?