El Gobierno continúa con el análisis de cómo se realizará el traslado a sus domicilios de más de cinco mil presos, luego de que se declarara la emergencia carcelaria, para prevenir contagios de coronavirus en los centros de reclusión.

Pese a que ya hay un borrador del decreto, aún faltan varios aspectos por definir, por ejemplo, a qué tipo de personas cobijará y a quiénes se les excluye del beneficio.

A la discusión sobre la medida hoy se sumó la Fiscalía, entidad que dice que la próxima semana emitirá un concepto que será presentado ante el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. El fiscal general, Francisco Barbosa, designó un comité que está analizando los casos de excarcelación que se han registrado en otros países afectados por el coronavirus, con el fin de hacer una propuesta que no afecte el sistema judicial. La decisión de la Fiscalía de entregar solo hasta la próxima semana sus recomendaciones alertó a sectores como el Colegio de Abogados Penalistas, que agrupa a más de dos mil quinientos juristas, quienes le piden al Gobierno tomar las medidas lo más pronto posible, advirtiendo que de presentarse algún contagio en las cárceles sería catastrófico, dado el alto grado de hacinamiento.

¡Qué triste! Somos tan inclinados a discutirlo todo y a controvertirlo todo, que ni para salvarnos nos ponemos de acuerdo. ¡Qué horror!