Al fallar una tutela, la Corte Constitucional hizo fuertes cuestionamientos al Estado por la forma en que las autoridades encargadas de prestar atención a las mujeres víctimas de violencia física y psicológica están incumpliendo con su deber.

El alto tribunal advirtió que al no tramitar con celeridad las denuncias mujeres maltratadas se presenta otro tipo de agresión, que es la violencia institucional. Dice la Corte que ese nuevo tipo de violencia es el resultado de actos de discriminación por parte de funcionarios y servidores judiciales que les impiden a las mujeres acceder a una protección efectiva cuando han sido violentadas por sus parejas.

Para la Corte, las medidas deben darse dentro de un término razonable para evitar nuevos hechos de violencia.