La Corte Constitucional acaba de exhortar al Gobierno para que reglamente el derecho al trabajo de las personas en condición de discapacidad.

La corporación advierte que existe un vacío en esa reglamentación laboral, particularmente en lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios que los empleadores pueden abrir contra discapacitados.

La Corte hizo este llamado al analizar una tutela de un ciudadano, en condición de discapacidad cognitiva, que fue despedido de su trabajo debido a que algunas de sus compañeras consideraron que estaba siendo violento con ellas.

El alto tribunal consideró que la empresa vulneró los derechos del hombre al no implementar un procedimiento especial que le permitiera comprender el alcance de su conducta.

«La aplicación de un trato idéntico para todos sus trabajadores, sin importar sus condiciones especiales, es contraria a la Constitución y vulnera el principio de igualdad», puntualizó el fallo.