La Corte Constitucional acaba de tumbar un artículo que autorizaba la imposición de sanciones fiscales contra los particulares que ocasionaran daños al patrimonio y a los bienes públicos.

La Ley 2195 de 2022, que fortalece la lucha anticorrupción, habilitaba a la Contraloría para iniciar procesos contra ciudadanos que no ejercen gestión fiscal, es decir, que no manejan fondos o bienes públicos. La norma que se acaba de caer permitía que los individuos fueran sancionados, por ejemplo, cuando dañaran vehículos del servicio público o edificios del Estado en el marco de una protesta social.

La Corte consideró que dicha disposición era desproporcionada ¡y la tumbó!