La exsecretaria de Integración Social de la Alcaldía de Gustavo Petro, Teresa Muñoz, fue inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos.

Su talón de Aquiles fue un millonario contrato de bienes para la protección de adultos mayores con discapacidad mental. Según la Personería de Bogotá, órgano de control, el convenio, por $ 971 millones, se adjudicó de manera directa, eludiendo el proceso de convocatoria pública y selección objetiva.

¿Resultado? La sanción… que parece injusta.

¿Saben la definición que hace el exalcalde que conoce sus condiciones? «Es una mujer honesta, pulcra, que pecó por tratar de ayudar y caer en la contratación directa». La ley es la ley.