Hace dos semanas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció con bombos y platillos que se estaban adelantando las gestiones para comenzar a vacunar contra la COVID-19 a los niños entre 3 y 11 años de edad.

Pues resultó que este trámite no es tan sencillo: se requiere efectuar estudios rigurosos sobre posibles efectos adversos en esa población.

Sinovac, que es el laboratorio farmacéutico que aspira a proveer las vacunas para los niños, está pendiente de la aprobación de las autoridades sanitarias; igualmente, Pfizer.

Una sala especializada del Invima debe proceder a estudiar a fondo la información sobre posibles consecuencias, eventuales contraindicaciones y eficacia de la vacuna en los niños, entre otros muchos aspectos.

Es un proceso dispendioso, si se tiene en cuenta que se trata, ni más ni menos, de la protección contra la COVID-19 para más de seis millones de niños.

Las autoridades de salud dicen que lo ideal es contar lo antes posible con la autorización y poder empezar a vacunarlos, y facilitar el regreso al colegio de muchos niños que todavía no han retornado a clases presenciales.