La Contraloría abrió una actuación especial de fiscalización por los llamados bonos agua, con el fin de determinar las condiciones en las que fueron adquiridos $ 400.000 millones con la firma Konfigura, de Panamá, de la cual es socio el ministro Carrasquilla, de Hacienda.

De igual forma, se hará una revisión presupuestal a los 117 municipios y se evaluará el nivel de ejecución de esos recursos, tras el diagnóstico del Ministerio de Vivienda, cartera encargada de los proyectos de agua potable y saneamiento básico, que mostró que solo 29 entes territoriales utilizaron de manera eficiente esos recursos. La actuación especial será adelantada por el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, apoyado en informes ya realizados por los excontralores Edgardo Maya y Sandra Morelli, que dieron como resultado procesos de responsabilidad fiscal sobre varias poblaciones. Se buscará establecer si hubo detrimento patrimonial en los municipios implicados y de qué tamaño será el impacto a las vigencias futuras de los entes territoriales.

El proceso fiscal tratará de establecer si es responsable el ministro de Hacienda, por conflicto de intereses.