El fallo de segunda instancia de la Contraloría que sancionó al precandidato presidencial Sergio Fajardo y a otras 25 personas entre naturales y jurídicas con una multa de $ 4,3 billones por los retrasos en Hidroituango, pasa ahora a una revisión automática en el Consejo de Estado.

Una ley sancionada en enero de este año obliga al Consejo de Estado a practicar lo que se denomina como un control automático o revisión de todos, absolutamente todos los fallos que emita la Contraloría, esto como requisito previo para dejar en firme la sanción.

Pues resulta que el Consejo de Estado se ha negado durante todo este año a revisar los fallos de la Contraloría; argumentan los magistrados que esa revisión viola el debido proceso de los sancionados, al impedir el derecho a la defensa y el principio de contradicción. Y es que, por ejemplo, en esta revisión automática no se les permite a los sancionados solicitar medidas cautelares ni interponer ningún tipo de recurso.

El Consejo de Estado no solo le ha devuelto todos los expedientes sancionatorios a la Contraloría, también le ha pedido a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la norma que creó esa revisión automática. Por su parte, la Procuraduría está en contra de lo que dice el Consejo de Estado y le ha pedido a la Corte Constitucional que no tumbe esa revisión automática.

Como están las cosas, el fallo sobre Hidroituango podría tardar meses o años en quedar en firme, todo mientras se resuelve el galimatías jurídico.