Al igual que Uber, la aplicación Picap inició procesos de apelación en contra de las decisiones del Gobierno sobre la prestación del servicio de transporte.

Los representantes legales de la sociedad CAP Technologies S. A. S., más conocida como Picap, que presta el servicio de transporte público en motocicleta, radicó el proceso de reposición con el fin de apelar la decisión de la Superintendencia de Transporte que ordenó la liquidación de la compañía.

La Superintendencia dijo que la actividad realizada por Picap es ilegal, porque no se encuentra habilitada para prestar el servicio público de transporte y, además, porque la ley prohíbe el transporte de pasajeros en motocicleta. También, la Superintendencia dice que la medida obedece a la situación crítica de orden jurídico, financiero y contable de la sociedad, pero sobre todo, a que no cumple con estándares de seguridad en la prestación del servicio.

Picap argumenta que no hay una reglamentación clara y que afecta el derecho al trabajo de más de doscientos mil conductores de moto.